La semana laboral de 4 días, Valencia la implanta y el Gobierno ayuda
El Gobierno ha lanzado una convocatoria de 9,6 millones de euros en subvenciones para que las pymes industriales prueben la semana laboral de cuatro días. Así lo ha comunicado este jueves el Ministerio de Industria, que ha publicado esta mañana la convocatoria con los requisitos para solicitar las ayudas en el BOE.
Se trata de un proyecto piloto parecido a los que se han visto en Reino Unido o en el Ayuntamiento de Valencia para que las compañías experimenten los efectos en su negocio de reducir las horas trabajadas sin que esto repercuta en la retribución de los empleados.
Las bases de la convocatoria establecen que las empresas que se presenten podrán optar a una financiación pública de hasta el 90% de su plan de reducción de jornada, con un máximo de 200.000 euros por empresa.
Con estas cifras, si se otorgaran todas las subvenciones en su importe máximo, el número de compañías elegidas para el proyecto piloto sería de 48.
Las empresas que quieran acogerse al programa deberán comprometerse a reducir al menos un 10% la jornada laboral de sus trabajadores durante un mínimo de dos años y estas reducciones solo podrán afectar a empleados con contrato indefinido a tiempo completo.
Las reducciones de jornada en ningún caso podrán perjudicar al salario y deberán aplicarse de forma proporcional en función de la composición de género de la plantilla, según explica el ministerio que dirige Héctor Gómez desde hace poco más de dos semanas.
La convocatoria exige que el plan afecte a un mínimo de trabajadores en la plantilla. En el caso de las pymes con menos de 20 personas en plantilla, las reducciones de horario deberán afectar al menos al 30% de los asalariados, mientras que las pymes de más de 21 empleados deberán aplicar la medida al menos al 25% de sus trabajadores.
Estos porcentajes se calcularán respecto al total de la plantilla, aunque los alivios de jornada solo se apliquen a los trabajadores indefinidos a tiempo completo. Los costes salariales que suponga para la empresa la reducción de jornada solo serán subvencionables durante el primer año.
Las pymes beneficiarias deberán adoptar "medidas organizativas o formativas" para optimizar el tiempo de trabajo destinadas a mejorar la productividad mientras dure el proyecto. Y deberán contar con indicadores para evaluar cómo ha evolucionado la productividad de la empresa mediante evaluaciones periódicas.
Se trata de un proyecto piloto parecido a los que se han visto en Reino Unido o en el Ayuntamiento de Valencia para que las compañías experimenten los efectos en su negocio de reducir las horas trabajadas sin que esto repercuta en la retribución de los empleados.
Las bases de la convocatoria establecen que las empresas que se presenten podrán optar a una financiación pública de hasta el 90% de su plan de reducción de jornada, con un máximo de 200.000 euros por empresa.
Con estas cifras, si se otorgaran todas las subvenciones en su importe máximo, el número de compañías elegidas para el proyecto piloto sería de 48.
Las empresas que quieran acogerse al programa deberán comprometerse a reducir al menos un 10% la jornada laboral de sus trabajadores durante un mínimo de dos años y estas reducciones solo podrán afectar a empleados con contrato indefinido a tiempo completo.
Las reducciones de jornada en ningún caso podrán perjudicar al salario y deberán aplicarse de forma proporcional en función de la composición de género de la plantilla, según explica el ministerio que dirige Héctor Gómez desde hace poco más de dos semanas.
La convocatoria exige que el plan afecte a un mínimo de trabajadores en la plantilla. En el caso de las pymes con menos de 20 personas en plantilla, las reducciones de horario deberán afectar al menos al 30% de los asalariados, mientras que las pymes de más de 21 empleados deberán aplicar la medida al menos al 25% de sus trabajadores.
Estos porcentajes se calcularán respecto al total de la plantilla, aunque los alivios de jornada solo se apliquen a los trabajadores indefinidos a tiempo completo. Los costes salariales que suponga para la empresa la reducción de jornada solo serán subvencionables durante el primer año.
Las pymes beneficiarias deberán adoptar "medidas organizativas o formativas" para optimizar el tiempo de trabajo destinadas a mejorar la productividad mientras dure el proyecto. Y deberán contar con indicadores para evaluar cómo ha evolucionado la productividad de la empresa mediante evaluaciones periódicas.
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