Sánchez advierte a PDeCAT y ERC que sin sus votos se acaba la legislatura
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido 25 años de prisión para Oriol Junqueras; y 17 para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
Considera al exviceoresidente y ex número dos de la Generalitat, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña y los ex responsables de ANC y Òmnium como máximos responsables de un delito de rebelión. La Fiscalía del Tribunal Supremo señaló que estuvieron "a punto" de lograr que el Estado aceptara la independencia de Cataluña, y lideraron la rebelión desde sus ámbitos respectivos (el ejecutivo, el parlamentario y el social).
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, presentó un escrito de acusación en el que no contempla el delito de rebelión, sino el más leve de sedición, Supone reclamar unas penas sustancialmente más bajas que las de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En muchos casos, la mitad.
Para Oriol Junqueras, 12 años de cárcel frente a 25. Para los cinco exconsejeros procesados por rebelión, 11 años y medio frente a 16. Para la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, 10 años frente a 17. Y ara Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ocho frente a 17.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidieron dejar trabajar con independencia a la Justicia. Señalaron además que la Abogacía del Estado, que actúa en su nombre, ha actuado con criterios "técnico-jurídicos y absolutamente profesionales".
Sin embargo, resulta obvio que la Abogacía del Estado se ha separado de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Se abre un momento de gran trascendencia política. Influirá en las relaciones entre La Moncloa y la Generalitat. En esa difícil cuadratura de círculos, Quim Torra (al frente de la Generalitat), Oriol Junqueras (en la cárcel) y Carles Puigdemont (fugado a Waterloo) tienen que decidir si quieren a Pedro Sánchez en La Moncloa o deciden poner fin a su mandato.
De manera directa e indirecta, Pedro Sánchez les ha advertido que los votos del PDeCAT y ERC son decisivos para aprobar los Presupuestos Generales de 2019. Se han convertido en la clave de los 180 diputados que apoyaron el Pacto Frankenstein. Por encima de las reacciones emocionales, sin los votos de los diputados independentistas la legislatura encallaría y llegaría a su fin. Es el verdadero trasfondo.
Considera al exviceoresidente y ex número dos de la Generalitat, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña y los ex responsables de ANC y Òmnium como máximos responsables de un delito de rebelión. La Fiscalía del Tribunal Supremo señaló que estuvieron "a punto" de lograr que el Estado aceptara la independencia de Cataluña, y lideraron la rebelión desde sus ámbitos respectivos (el ejecutivo, el parlamentario y el social).
La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, presentó un escrito de acusación en el que no contempla el delito de rebelión, sino el más leve de sedición, Supone reclamar unas penas sustancialmente más bajas que las de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En muchos casos, la mitad.
Para Oriol Junqueras, 12 años de cárcel frente a 25. Para los cinco exconsejeros procesados por rebelión, 11 años y medio frente a 16. Para la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, 10 años frente a 17. Y ara Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, ocho frente a 17.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidieron dejar trabajar con independencia a la Justicia. Señalaron además que la Abogacía del Estado, que actúa en su nombre, ha actuado con criterios "técnico-jurídicos y absolutamente profesionales".
Sin embargo, resulta obvio que la Abogacía del Estado se ha separado de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Se abre un momento de gran trascendencia política. Influirá en las relaciones entre La Moncloa y la Generalitat. En esa difícil cuadratura de círculos, Quim Torra (al frente de la Generalitat), Oriol Junqueras (en la cárcel) y Carles Puigdemont (fugado a Waterloo) tienen que decidir si quieren a Pedro Sánchez en La Moncloa o deciden poner fin a su mandato.
De manera directa e indirecta, Pedro Sánchez les ha advertido que los votos del PDeCAT y ERC son decisivos para aprobar los Presupuestos Generales de 2019. Se han convertido en la clave de los 180 diputados que apoyaron el Pacto Frankenstein. Por encima de las reacciones emocionales, sin los votos de los diputados independentistas la legislatura encallaría y llegaría a su fin. Es el verdadero trasfondo.
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