Reunión de urgencia del Tribunal Supremo por el caso de las hipotecas
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, reunió este lunes a los seis jueces del tribunal contencioso-administrativo de este órgano que dictaron sentencia sobre el impuesto hipotecario y a Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo, después de que éste haya decidido revisar la nueva jurisprudencia en un pleno.
Se trata de hacer balance de daños y conocer lo sucedido después de Díez-Picazo dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo.
La reunión es de carácter interno y no tiene trascendencia jurisdiccional, pues en ella no se tratará la decisión que debe tomar el pleno de lo contencioso-administrativo.
El acto obedece a la necesidad de limar asperezas entre Nicolás Maurandi, presidente de la Sección que dictó la sentencia -que cambió la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el sujeto pasivo al que corresponde el pago del impuesto de hipotecas-, y el propio Díaz Picazo.
Se trata un “control de daños” entre el presidente del Supremo y el del Consejo General del Poder Judicial, que no anulará la convocatoria del pleno en la que se decidió avalar el pago por parte de la banca de los actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, según han aclarado fuentes conocedoras de la convocatoria.
Luis María Díez-Picazo, magistrado del Tribunal Supremo, fue quien tomó la decisión de detener todos los recursos sobre el impuesto hipotecario y llevar el caso a pleno para revisar la jurisprudencia establecida por los jueces de la sección segunda.
Por la parte de los consumidores, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) convocó varias asambleas, en más de treinta ciudades de todas las comunidades autónomas, para informar a los consumidores hipotecados afectados por el abuso de los denominados "gastos hipotecarios".
Por otro lado, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia ya criticó la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia que dictó que los bancos son quienes deben pagar el impuesto de las hipotecas. En ese sentido, los magistrados califican el escrito del organismo judicial de "intolerable".
Se trata de hacer balance de daños y conocer lo sucedido después de Díez-Picazo dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo.
La reunión es de carácter interno y no tiene trascendencia jurisdiccional, pues en ella no se tratará la decisión que debe tomar el pleno de lo contencioso-administrativo.
El acto obedece a la necesidad de limar asperezas entre Nicolás Maurandi, presidente de la Sección que dictó la sentencia -que cambió la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el sujeto pasivo al que corresponde el pago del impuesto de hipotecas-, y el propio Díaz Picazo.
Se trata un “control de daños” entre el presidente del Supremo y el del Consejo General del Poder Judicial, que no anulará la convocatoria del pleno en la que se decidió avalar el pago por parte de la banca de los actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, según han aclarado fuentes conocedoras de la convocatoria.
Luis María Díez-Picazo, magistrado del Tribunal Supremo, fue quien tomó la decisión de detener todos los recursos sobre el impuesto hipotecario y llevar el caso a pleno para revisar la jurisprudencia establecida por los jueces de la sección segunda.
Por la parte de los consumidores, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) convocó varias asambleas, en más de treinta ciudades de todas las comunidades autónomas, para informar a los consumidores hipotecados afectados por el abuso de los denominados "gastos hipotecarios".
Por otro lado, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia ya criticó la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia que dictó que los bancos son quienes deben pagar el impuesto de las hipotecas. En ese sentido, los magistrados califican el escrito del organismo judicial de "intolerable".
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