¿Qué va a pasar con las multas impuestas durante el primer confinamiento?
Qué sucede con las multas impuestas durante el primer confinamiento después de que el Tribunal lo declarara ilegal. Esta es la gran pregunta que se hacen muchos españoles sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.
La respuesta fácil es que, al establecer inconstitucional este periodo, las sanciones sean declaradas nulas. Sin embargo, la sentencia puede mantenerlas.
Cabe recordar que el TC anunció hace unos días su sentencia en la que declara inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación de circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
Este estado de alarma por la pandemia del coronavirus llegó a su fin con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de sanciones, una abultada cifra para una administración sobrepasada que tuvo dificultades para su tramitación. Estas multas sumaron un total de más de 800 millones de euros. España fue uno de los países más sancionadores del entorno.
Lo normal es que la inconstitucionalidad de la medida revoque las multas. La directora legal de Reclamador.es, Almudena Velázquez, explica que "a la espera de conocer la sentencia en su integridad y por lo que se ha filtrado, todo apunta a la nulidad de las multas impuestas por incumplir el confinamiento y que aún no sean firmes, es decir que se encuentren en vía de impugnación o con plazo para ello".
La jurista señala que "las dudas sobre la legalidad de estas multas siempre han sido puestas de manifiesto por Reclamador.es, no ya por el marco legal bajo el que podían ampararse, el estado de alarma, sino por la indefinición del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana que servía de cobertura y que ya había sido desechado por muchos juzgados mientras que otros lo admitían, creando una gran inseguridad jurídica".
"Teniendo en cuenta que será la sentencia la que establezca los efectos de esta declaración de inconstitucionalidad, lo más prudente sería que todos los órganos administrativos y judiciales suspendieran la tramitación de las multas e incluso las causas penales hasta que sea publicada y de esta manera no someter a los ciudadanos a mayor inseguridad hasta ese momento, o peor, seguir sancionados o dentro de un procedimiento penal que luego tendrán que seguir recurriendo".
La respuesta fácil es que, al establecer inconstitucional este periodo, las sanciones sean declaradas nulas. Sin embargo, la sentencia puede mantenerlas.
Cabe recordar que el TC anunció hace unos días su sentencia en la que declara inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación de circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
Este estado de alarma por la pandemia del coronavirus llegó a su fin con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de sanciones, una abultada cifra para una administración sobrepasada que tuvo dificultades para su tramitación. Estas multas sumaron un total de más de 800 millones de euros. España fue uno de los países más sancionadores del entorno.
Lo normal es que la inconstitucionalidad de la medida revoque las multas. La directora legal de Reclamador.es, Almudena Velázquez, explica que "a la espera de conocer la sentencia en su integridad y por lo que se ha filtrado, todo apunta a la nulidad de las multas impuestas por incumplir el confinamiento y que aún no sean firmes, es decir que se encuentren en vía de impugnación o con plazo para ello".
La jurista señala que "las dudas sobre la legalidad de estas multas siempre han sido puestas de manifiesto por Reclamador.es, no ya por el marco legal bajo el que podían ampararse, el estado de alarma, sino por la indefinición del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana que servía de cobertura y que ya había sido desechado por muchos juzgados mientras que otros lo admitían, creando una gran inseguridad jurídica".
"Teniendo en cuenta que será la sentencia la que establezca los efectos de esta declaración de inconstitucionalidad, lo más prudente sería que todos los órganos administrativos y judiciales suspendieran la tramitación de las multas e incluso las causas penales hasta que sea publicada y de esta manera no someter a los ciudadanos a mayor inseguridad hasta ese momento, o peor, seguir sancionados o dentro de un procedimiento penal que luego tendrán que seguir recurriendo".
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