Prorrogar los ERTE hasta finales de año, el plan de Yolanda Díaz
El sistema de protección de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) seguirá vigente durante todo el año. Lo hará como un "mecanismo transitorio" hasta que la economía se recupere en su totalidad.
Esto es la intención del Gobierno que comunicó a la Unión Europea en el Plan de Reformas que estaba obligado a presentar ante Bruselas este viernes 30 de abril. Por primera vez, el Ejecutivo pone fecha a la vigencia de la principal medida de protección para los empleados durante la crisis del coronavirus.
En el documento remitido a la UE, el Ministerio de Economía indica que "lo más urgente es asegurar la formación y empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia". Y que, entre otras medidas, debe establecer el sistema de los ERTE "hasta finales de 2021" para "impulsar la reincorporación de los trabajadores" a sus puestos.
Cabe recordar que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se había limitado a indicar que aunque la vacunación vaya muy bien, este mecanismo "continuará mientras sea necesario. No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar", indicó.
Precisamente fue este jueves día 6 cuando el Ministerio de Trabajo convocó a los agentes sociales para iniciar la negociación con la que pretende prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, la fecha en la que termine el régimen actual, aprobado a finales de enero.
El objetivo principal es evitar los despidos, como en las anteriores ocasiones, aunque el sistema puede llegar a sufrir modificaciones en sus requisitos y sectores afectados, también como en las dos prórrogas anteriores. "Lo que funciona no se toca", señaló Yolanda Díaz.
Aunque uno de los puntos de fricción de la negociación reside precisamente en la prohibición de realizar despidos -o devolver al erario público las exenciones de cotizaciones correspondientes-, cuestión con la que los sindicatos no están de acuerdo, al abogar por la exigencia de mantener el empleo al haberse acogido a un ERTE.
El Programa de Reformas, en el que se incluye esta pretensión, pone cifras sobre esta medida, incluso si se amplía hasta finales de año. El Gobierno estima que el coste de los ERTE y de la prestación por cese de actividad (la vinculada a los autónomos) e incapacidad temporal costará 7.972 millones de euros durante 2021; sumados a los 29.311 millones destinados a esta partida en 2020, acumulan un total de 37.283 millones de euros para todo el periodo de vigencia.
Esto es la intención del Gobierno que comunicó a la Unión Europea en el Plan de Reformas que estaba obligado a presentar ante Bruselas este viernes 30 de abril. Por primera vez, el Ejecutivo pone fecha a la vigencia de la principal medida de protección para los empleados durante la crisis del coronavirus.
En el documento remitido a la UE, el Ministerio de Economía indica que "lo más urgente es asegurar la formación y empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia". Y que, entre otras medidas, debe establecer el sistema de los ERTE "hasta finales de 2021" para "impulsar la reincorporación de los trabajadores" a sus puestos.
Cabe recordar que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se había limitado a indicar que aunque la vacunación vaya muy bien, este mecanismo "continuará mientras sea necesario. No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar", indicó.
Precisamente fue este jueves día 6 cuando el Ministerio de Trabajo convocó a los agentes sociales para iniciar la negociación con la que pretende prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, la fecha en la que termine el régimen actual, aprobado a finales de enero.
El objetivo principal es evitar los despidos, como en las anteriores ocasiones, aunque el sistema puede llegar a sufrir modificaciones en sus requisitos y sectores afectados, también como en las dos prórrogas anteriores. "Lo que funciona no se toca", señaló Yolanda Díaz.
Aunque uno de los puntos de fricción de la negociación reside precisamente en la prohibición de realizar despidos -o devolver al erario público las exenciones de cotizaciones correspondientes-, cuestión con la que los sindicatos no están de acuerdo, al abogar por la exigencia de mantener el empleo al haberse acogido a un ERTE.
El Programa de Reformas, en el que se incluye esta pretensión, pone cifras sobre esta medida, incluso si se amplía hasta finales de año. El Gobierno estima que el coste de los ERTE y de la prestación por cese de actividad (la vinculada a los autónomos) e incapacidad temporal costará 7.972 millones de euros durante 2021; sumados a los 29.311 millones destinados a esta partida en 2020, acumulan un total de 37.283 millones de euros para todo el periodo de vigencia.
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