La morosidad de las administraciones públicas vuelve a amenazar la supervivencia de pymes y autónomos. (Foto: Freepik)

La morosidad anticipa un aumento de las insolvencias

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La tardanza en el pago supone un tiempo de espera que las pymes y los autónomos no suelen tener. La deuda pendiente acumulada por las administraciones públicas sobrepasan los 5.000 millones de euros, y los más afectados son los negocios pequeños.

Una crónica anunciada

Se repite, aunque por motivos distintos, el impago de las administraciones públicas, que en 2008 generó que la tercera parte de nuestras empresas cerraran. En la actualidad, vuelve a ser la causa de serios problemas económicos que enfrentan pymes y autónomos.

Es una situación que se ha agravado a niveles dramáticos por la crisis sanitaria del covid-19 y el consecuente confinamiento obligatorio, además del aparcamiento de las actividades turísticas por las restricciones de movilidad.

A pesar del repunte económico que este año ha supuesto para muchas empresas, las más afectadas han sido las pymes, que no han podido enfrentar una crisis tan extendida en el tiempo, y ahora agravada por el impago, sobre todo por parte de los ayuntamientos, que son los que más tardan en pagar.

Cifras astronómicas

Según Cepyme (Confederación Español de la Pequeña y Mediana Empresa) al menos el 70 % de las facturas se pagan con retraso, siendo una de las principales consecuencias de la pandemia.

En los primeros meses de este año, casi 7 de cada 10 facturas que se emitían registraron un retraso en el pago, lo cual supone una proporción del 68,7 %.

Este retraso ha supuesto para las pymes y autónomos un coste de financiación de 1.472 millones de euros, lo que significa un 3,5 % más arriba en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Como afirma Cepyme, es la cifra más alta desde 2013, cuando el coste financiero alcanzó los 2.000 millones de euros.

Lo que se conoce con las siglas PMP, que es el Periodo Medio de Pago, se incrementó a nivel nacional durante el último trimestre de 2020 y comienzos de 2021, pues los datos registrados indican que el PMP aumentó en 5,6 días hasta llegar a los 87,8 durante el primer trimestre del presente año.

Si bien hay que aclarar que en los siguientes trimestres, segundo y tercero del año, la reactivación económica promovió el descenso del PMP, y este descendió hasta quedar en 81 días de retraso.

Sin embargo, esta morosidad ha tenido graves efectos sobre los negocios pequeños y medianos, entre ellos la falta de liquidez. Por otra parte, según Cepyme, las restricciones crediticias derivadas de la pandemia pueden tener efectos aún más devastadores.

Según el organismo, esto puede conducir a una mayor dificultad para las pymes en pagar su deuda comercial. Por otro lado, las empresas más pequeñas gozan de menos acceso a los créditos y padecen pagos con retraso de otras empresas de mayor tamaño.

Aquellas empresas que cuentan con más de 250 trabajadores son las únicas que han podido ver el incremento de los plazos en 7,3 en tan solo un trimestre, que ha colocado el PMP en 73,4 días.

Los retrasos mayores se producen en los sectores de la construcción y la promoción, con un PMP de 101,5 días, y luego en el sector textil, con una media de 88,3 días.
 
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