Máximo control de Hacienda ante los despidos cercanos a la jubilación
La Agencia Tributaria está llevando a cabo una supervisión exhaustiva de los despidos improcedentes que afectan a trabajadores cercanos a la edad de jubilación.
Este escrutinio se fundamenta en la sospecha de que algunas de estas separaciones laborales pueden estar relacionadas con acuerdos encubiertos entre ambas partes, en los que la empresa simula un despido improcedente y otorga una indemnización al empleado.
Esta indemnización, en esencia, le permite al trabajador mantenerse económicamente hasta alcanzar la edad de jubilación, cuando entonces se conecta con su pensión. Por su parte, el empleado no inicia un reclamo por su despido ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación correspondiente.
Según especialistas en derecho laboral, la distinción entre un despido y un acuerdo resulta crucial para la Agencia Tributaria. La indemnización por despido está exenta de tributación en el IRPF hasta un límite de 180,000 euros.
Sin embargo, la cantidad que la empresa paga a un trabajador por un cese de mutuo acuerdo está sujeta a tributación. Las multas en estos casos oscilan entre un 50% y un 150% de la cantidad no ingresada en concepto de impuestos, en función de la gravedad de la infracción.
Esta supervisión se ha intensificado debido al actual panorama laboral caracterizado por el fenómeno del edadismo, donde las empresas prescinden de empleados mayores para reemplazarlos por individuos más jóvenes y adaptados a las nuevas tecnologías.
Según abogados especializados en derecho laboral consultados, la Agencia Tributaria se muestra escéptica ante estos despidos y ha incrementado las inspecciones tanto en empresas como en contribuyentes para verificar que no se trate de un despido improcedente, sino de un acuerdo que permite al empleado despedido mantenerse financieramente con la indemnización hasta su jubilación.
Ante estas circunstancias, los abogados aconsejan a las empresas que documenten detalladamente los despidos, demostrando que la indemnización otorgada al empleado no se asemeja a un pago destinado a garantizar su sustento hasta el momento de la jubilación.
Hacienda ya había iniciado este tipo de vigilancia de las decisiones de despido en los años posteriores a la crisis económica de 2012, cuando se produjeron despidos individuales en gran cantidad, así como acuerdos y bajas incentivadas en el contexto de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Cabe destacar que entre 2009 y 2013, más de 1.5 millones de personas se vieron afectadas por un ERE.
En ese período, la Agencia Tributaria cuestionaba la autenticidad de los despidos individuales, especialmente en los casos de administradores de empresas con cuantiosas indemnizaciones, y también ponía en duda que, a pesar de la existencia de un ERE a nivel de la compañía, no se hubieran alcanzado acuerdos individuales con determinados trabajadores que se acogían al mismo.
Este escrutinio se fundamenta en la sospecha de que algunas de estas separaciones laborales pueden estar relacionadas con acuerdos encubiertos entre ambas partes, en los que la empresa simula un despido improcedente y otorga una indemnización al empleado.
Esta indemnización, en esencia, le permite al trabajador mantenerse económicamente hasta alcanzar la edad de jubilación, cuando entonces se conecta con su pensión. Por su parte, el empleado no inicia un reclamo por su despido ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación correspondiente.
Según especialistas en derecho laboral, la distinción entre un despido y un acuerdo resulta crucial para la Agencia Tributaria. La indemnización por despido está exenta de tributación en el IRPF hasta un límite de 180,000 euros.
Sin embargo, la cantidad que la empresa paga a un trabajador por un cese de mutuo acuerdo está sujeta a tributación. Las multas en estos casos oscilan entre un 50% y un 150% de la cantidad no ingresada en concepto de impuestos, en función de la gravedad de la infracción.
Esta supervisión se ha intensificado debido al actual panorama laboral caracterizado por el fenómeno del edadismo, donde las empresas prescinden de empleados mayores para reemplazarlos por individuos más jóvenes y adaptados a las nuevas tecnologías.
Según abogados especializados en derecho laboral consultados, la Agencia Tributaria se muestra escéptica ante estos despidos y ha incrementado las inspecciones tanto en empresas como en contribuyentes para verificar que no se trate de un despido improcedente, sino de un acuerdo que permite al empleado despedido mantenerse financieramente con la indemnización hasta su jubilación.
Ante estas circunstancias, los abogados aconsejan a las empresas que documenten detalladamente los despidos, demostrando que la indemnización otorgada al empleado no se asemeja a un pago destinado a garantizar su sustento hasta el momento de la jubilación.
Hacienda ya había iniciado este tipo de vigilancia de las decisiones de despido en los años posteriores a la crisis económica de 2012, cuando se produjeron despidos individuales en gran cantidad, así como acuerdos y bajas incentivadas en el contexto de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Cabe destacar que entre 2009 y 2013, más de 1.5 millones de personas se vieron afectadas por un ERE.
En ese período, la Agencia Tributaria cuestionaba la autenticidad de los despidos individuales, especialmente en los casos de administradores de empresas con cuantiosas indemnizaciones, y también ponía en duda que, a pesar de la existencia de un ERE a nivel de la compañía, no se hubieran alcanzado acuerdos individuales con determinados trabajadores que se acogían al mismo.
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