Abogacía del Estado, Sánchez pretende cuestionar la instrucción del juez Llarena

Es oficial. La Abogacía del Estado decidió acusar a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de sedición en vez del delito de rebelión - considera así que no se dieron los episodios de violencia suficientes-, y de un delito de malversación.

La Abogacía del Estado entrega este viernes en el Tribunal Supremo su escrito de calificaciones provisionales. Se desmarca del criterio de la Fiscalía General. No considera que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, sino de un delito de sedición.

Momento muy delicado ante el firme propósito del presidente del Gobierno de lograr el pacto-canje de presos por Presupuestos, de afianzar una alianza con los partidos independentistas de PDeCAT (derecha euroescéptica) y ERC (izquierda republicana populista), y de buscar que la opinión pública visualice que él logró el acuerdo político de diálogo con Cataluña que no alcanzó Mariano Rajoy.

Con esta estrategia, el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez avanza hacia el choque con el Poder Judicial. Ha evitado imponer el criterio a los fiscales del Tribunal Supremo pero utiliza de forma grosera a la Abogacía del Estado. Pretende -y es el asunto grave- cuestionar la instrucción del juez Pablo Llarena.

Atención al desenlace definitivo del proyecto de acusación que el Gobierno encargó a los abogados del Estado.